El debate sobre el estado de la nación no despeja incertidumbres, ni da respuestas a las principales preocupaciones de la sociedad

UGT considera que en el debate sobre el estado de la nación ha pesado más la confrontación personal que la definición de políticas y se han quedado fuera cuestiones fundamentales como: alternativas que prioricen el empleo y den un enfoque más social a la salida de la crisis; las decisiones que se están adoptando en la UE y que condicionan, de manera muy relevante, las decisiones del Parlamento y el Ejecutivo; y la rectificación de medidas, rechazadas socialmente, como la reforma laboral. El sindicato manifiesta su preocupación porque las resoluciones presentadas por los grupos nacionalistas puedan agravar el proyecto de ley sobre reforma de la negociación colectiva, restando más eficacia a los convenios y propiciando el descuelgue de los mismos por parte de las empresas. Por otro lado, el sindicato valora, aunque le parece insuficiente, la resolución relativa a incrementar el mínimo inembargable por impago de deudas hipotecarias y resalta su apoyo a la resolución relativa a establecer a nivel europeo un Impuesto sobre la Transacciones Financieras.

El horizonte tras el debate sobre el estado de la nación sigue siendo de incertidumbre. La debilidad parlamentaria del grupo socialista, que no ha contado con avales explícitos que permitan entender que existen apoyos o compromisos parlamentarios estables, deja abierta la principal cuestión para el desarrollo de las políticas públicas, que es el horizonte de mayorías para aprobar los presupuestos de 2012. Esto implica una atmósfera de incertidumbre parlamentaria.

En el debate ha pesado más la confrontación personal política directa que la discusión y definición de políticas, sin duda por dos tipos de razones: la estrategia del principal partido de la oposición de no plantear iniciativas de regulación o de gestión y el calendario parlamentario que se encuentra en su fase final de la legislatura.

El sindicato considera que el debate ha sido muy general y alejado de las propuestas que finalmente se han presentado, lo que ha restado calidad y credibilidad al mismo. Asimismo, denuncia que se haya quedado fuera del debate tres tipos de cuestiones:

· las alternativas con un enfoque más social de salida de la crisis. Se trata de reducir el coste excepcional que esta suponiendo la misma para los más desfavorecidos.Como elemento positivo pero insuficiente la Resolución relativa a incrementar el mínimo inembargable por impago de deudas hipotecarias. Es insuficiente porque la injusticia es la propia cuantía de la deuda basada muchas veces en una valoración excesiva y una concesión temeraria de los créditos por las entidades financieras.

· la relevancia de las decisiones que se están tomando en la Unión Europea y que están condicionando, de manera muy relevante, las decisiones que el Parlamento y el Ejecutivo nacional han de tomar. No obstante queremos resaltar nuestro apoyo a la resolución relativa a establecer a nivel europeo un Impuesto sobre la Transacciones Financieras.

· la rectificación de iniciativas sociales y laborales, rechazadas socialmente como la reforma laboral que está cuestionada por la iniciativa legislativa popular recientemente presentada ante el Congreso.

Asimismo, UGT manifiesta su preocupación porque alguna de las resoluciones presentadas por los grupos nacionalistas puedan agravar la tramitación del proyecto de ley sobre reforma de la negociación colectiva incidiendo en los aspectos de restar eficacia a los convenios y propiciar el descuelgue de los mismos por las empresas.

El sindicato reafirma algunas de sus principales propuestas para salir de la crisis:

En el Plano legislativo:

· tramitación parlamentaria de la ILP para rectificar la reforma laboral, que no consigue ni crear empleo ni mejorar su calidad. El uso masivo del contrato temporal sigue siendo la pauta que no ha roto la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Por tanto, las políticas adecuadas deben seguir en la línea del consenso y los acuerdos, como el Acuerdo Social y Económico.

· tramitación de ley de pensiones, fortaleciendo la protección social para los más afectados por la crisis

· Culminación de la tramitación parlamentaria de la nueva ley de la jurisdicción social.

En el plano de las políticas públicas:

· El mantenimiento del estímulo público. Una inversión mejorando los servicios sociales (sanidad, educación, políticas activas de empleo, Ley de Dependencia,…) y las infraestructuras productivas, para aumentar el capital físico y tecnológico. Esta inversión pública servirá de palanca, a su vez, para estimular la inversión privada, con lo que se reactivaría la actividad económica y el empleo.

· El impulso de las políticas activas del mercado de trabajo. Se trata de fortalecer la actuación de los Servicios Públicos de Empleo, su modernización y coordinación para ganar eficacia en la intermediación y recolocación de las personas desempleadas, en especial de los grupos más desfavorecidos. Asimismo, es necesario implantar un Programa de Formación que permita adecuar ya las necesidades formativas al nuevo modelo productivo, apostando por los sectores más innovadores y competitivos y que aporten mayor valor añadido. Por último, sería necesario fomentar las iniciativas de economía social y de autoempleo, que pueden servir para dinamizar el tejido empresarial, que, en épocas de crisis como la actual, actúan de estímulo para la creación de empleo y permiten nuevas vías de salida para los trabajadores asalariados que han perdido su puesto de trabajo.

· La transformación del modelo productivo. Es necesario realizar políticas consensuadas, como las incluidas en el ASE, de recualificación profesional de las personas desempleadas y promover el empleo estable (no el temporal).

Los Salarios Mínimos en Europa

Estamos ya más que acostumbrados a que los políticos justifiquen muchas de las reformas que más afectan a los ciudadanos con la necesidad de "equipararnos con Europa". Desde los cambios en el sistema de pensiones a la subida del IVA, pasando por la nueva ley anti-tabaco, y muy a pesar de que las medidas afecten más o menos a los bolsillos de los ciudadanos, todo se justifica con un "En Europa ya se hace desde hace tiempo" o con comparaciones no demasiado acertadas con el resto de países.

Sin embargo, pocas veces hemos escuchado a nuestros representantes hacer una comparativa del sueldo mínimo español (748 euros mensuales) con el del resto de países europeos. Y no porque estemos al final de la tabla -por suerte nos encontramos muy lejos del país con el sueldo mínimo más bajo, Bulgaria (123 euros)-, sino porque los estados con los que normalmente los políticos se suelen comparar son otros.

Así, los habitantes de Luxemburgo serían los más afortunados en este sentido, ya que cuentan con el salario mínimo más alto de Europa (1.758 euros mensuales); Les siguen de cerca los irlandeses, con 1.462 euros y los holandeses (1.424 euros/mes).

En España nos encontramos aproximadamente en la mitad de la tabla. No somos los que menos salario mínimo tenemos ni los que más, y estamos en prácticamente el mismo nivel que países como Grecia (863) o Eslovenia (748), pero muy lejos de Inglaterra (1139), Bélgica (1.415) o Francia (1365).

Las cifras, correspondientes a enero de 2011, han sido publicadas por la oficina estadística comunitaria (Eurostat). Todas las cifras son en bruto, por lo que el montante final que reciba finalmente el ciudadano tendrá mucho que ver con los impuestos de cada país.

A pesar de ello, las diferencias son menores cuando se tiene en cuenta también el poder adquisitivo de cada país, tal y como podemos ver en la tabla inferior. En este segundo caso pasamos de una horquilla de 123 EUR -1.758 EUR (sin tener en cuenta el poder adquisitivo) a otra de 233 a 1.452. España sigue en el grupo central, aunque los resultados para nuestro país apenas varían: nuestro salario mínimo corresponde a 766 euros si tenemos en cuenta el poder adquisitivo de los españoles frente al del resto de Europa, apenas 15 euros por encima de los 748 euros reales.

Si quieres saber más sobre el Salario Mínimo Interprofesional pincha en este enlace

El trabajo compulsivo y el compromiso con la empresa

La adicción compulsiva al trabajo, erróneamente a lo que se cree, perjudica seriamente a la producción en la empresa. Tener una relación patológica con el empleo, además de crear mal ambiente en el entorno familiar y social del adicto al trabajo, afecta de manera directa a la productividad para con la empresa, pues hasta desequilibra el bienestar psicológico de los trabajadores y compañeros no sólo de los mismos niveles jerárquicos sino también de los subordinados.

Se calcula que entre el 7% y el 12% de nuestros conciudadanos que trabajan tienen adicción al trabajo. Unos, se sienten como culpables si no están trabajando, otros con ansiedad cuando están de descanso semanal y, en muchos de los casos, el estrés hace su aparición que ocultamente se intenta mitigar con el alcohol, los tranquilizantes o la cocaína. A la postre, se toca fondo y si no se baja el ritmo, se pone en grave riesgo la salud del afectado con la impronta de problemas cardiovasculares, gastrointestinales e incluso diabetes por episodios prolongados de estrés o simplemente emocionales.

Lo curioso del problema que apuntamos es que desde una mediocre visión empresarial, la obsesión por el trabajo está bien vista y hasta reconocida económicamente. Gravísimo error puesto que el adicto a trabajar compulsivamente, raramente delega en sus funciones lo que crea una insatisfacción en los compañeros que comparten su carrera profesional. A esto hay que añadir que la adicción se da en profesionales que ocupan puestos directivos en las empresas con horarios rígidos y jornadas maratonianas que, aparentemente, ofrecen un excelente rendimiento y retos tan ambiciosos que al final no se pueden cumplir. Así, se entra en un círculo vicioso en el que se termina comiendo mal y durmiendo insuficientemente lo que conlleva una pérdida del rendimiento y un verdadero problema para su empresa.

La persona afectada por tal tipo de patología se hace muy competitiva exigiendo a su entorno un ritmo tan elevado que termina sin poder trabajar en equipo, originando constantes tensiones en sus relaciones con el resto de compañeros. Lamentablemente, éste tipo de individuos, florecen en demasía en los diversos campos de las grandes multinacionales donde las mismas asumen como filosofía positiva la tendencia al trabajo abrumador, aunque , en realidad, tenga más de aparente que de efectividad. El mundo de las grandes consultoras puede ser un buen ejemplo de lo que decimos (salir el último de la oficina o del despacho se convierte en un hábito que no supone o no implica en modo alguno un mejor trabajo). Flaco favor, en tal sentido, se está haciendo a la propia empresa, pues no es lo mismo la adicción que el legítimo compromiso con la organización.

Trabajar contrarreloj, trabajar duro sin disfrutar, estar siempre ocupado, comer y hablar por teléfono o apuntar notas referidas al trabajo, obsesionarse por la agenda, ambicionar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, el reconocimiento del superior para hacer carrera… son síntomas de una adicción al trabajo que, aunque a veces hasta simulada, va más allá del mero compromiso y se convierte en un factor que rompe el deseado equilibrio entre el trabajo y la vida personal, cuyas consecuencias se traducen en ansiedad para el profesional e ineficacia para con su empresa. Aquí, surge la contradicción, la paradoja. Si el ejecutivo le debe a la organización y a sus empleados el no permitir que haya personas improductivas en puestos importantes, ¿hasta qué punto puede controlar él mismo su propia improductividad para exigírsela a los demás? El sistema así, se hace perverso.

La adicción al trabajo que comentamos, no hace a la persona delegar sino actuar y tomar decisiones incompetentes. Si la dedicación al trabajo la convertimos en una cuestión de supervivencia, el trabajo será en sí mismo una olla a presión, que pasará factura a los empleadores y a los empleados. La nueva dinámica social exige que el tiempo libre sea el otro platillo de una balanza equilibrada entre lo laboral y lo familiar-social. La cultura empresarial de las nuevas generaciones ha de alejarse del extendido mundo de la apariencia para concentrarse en lo que nosotros denominamos trabajo del bienestar. No se trata de salir más tarde del trabajo para aparentar sino de marchar a casa felizmente desconectado.

Además, sabido es –recordemos un interesante estudio británico sobre la eficacia del trabajo del ejecutivo-, que un 35% de la jornada diaria de los ejecutivos se pierde, es absolutamente improductiva, entre reuniones sin consistencia, llamadas por teléfono y requerimientos caprichosos y a destiempo de jefes impositivos. Así pues, lo racionalmente productivo en la empresa es evaluar, en primera instancia, las estrategias de recuperación frente al estrés y cómo afectan estas a la productividad y el bienestar psicológico de los empleados, para comprobar también las percepciones de los clientes y subordinados de los directivos, al tiempo que se descubre al compulsivo aparente.

La disciplina preventiva de la Psicosociología Aplicada, escasísimamente desarrollada e implantada en nuestras organizaciones, puede ser un valioso instrumento que nos devele quién trabaja compulsivamente y quién trabaja con buen rendimiento, amén de descubrirnos otras patologías importantes derivadas del mundo obsesivo del trabajo de supervivencia o de ambición, cuales son aquellas de la depresión, el estrés, el mobbing o la falacia del trabajador impostor o de apariencia.

Manuel Pastrana: "No nos pueden arrebatar la Negociación Colectiva"

Siempre he considerado que el objetivo de la negociación colectiva es que todos los trabajadores y trabajadoras tengan un Convenio Colectivo, fruto de una negociación entre partes que están en situación de pactar libremente.

En nuestro país, además, el derecho a la negociación colectiva viene recogido en la Constitución Española, concretamente en el artículo 37.1, y con el siguiente tenor literal: “La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. La no aplicación de este derecho conlleva, pues, la individualización de las relaciones laborales y la imposibilidad de su regulación colectiva.

Hasta ahora la negociación colectiva y su principal herramienta, el convenio colectivo, han sido fruto de la autonomía de las partes y del equilibrio entre la fuerza y capacidad de llegar a acuerdos de los negociadores. Hemos tenido claro que la regulación colectiva de las relaciones laborales era la única forma de garantizar un marco equilibrado entre la competencia de las empresas y los intereses de los trabajadores.

Pero todo esto se pone en riesgo con la reforma planteada por el Gobierno de España:

** Al promover el debilitamiento de los convenios provinciales sectoriales y el fomento de los convenios de empresa se diluye y erosiona la fuerza negociadora de los trabajadores. Además de suponer una reducción en los derechos laborales se promueve el descuelgue del contenido del convenio provincial. En Andalucía el 93% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y con este panorama la igualdad, entre las partes para negociar, es prácticamente nula.

** El fomentar la individualización de las relaciones laborales conlleva que cada empresario podrá establecer las retribuciones salariales o cualquier otra condición que afecte al trabajo de manera arbitraria y discriminatoria; supeditando los derechos de los trabajadores a los intereses del empresario. Al quebrar la fuerza vinculante del convenio colectivo por la imposición del contrato individual se impulsa que existan tantas condiciones de trabajo como trabajadores haya contratado la empresa, incluso por debajo del pacto sectorial.

** La violación del derecho a la negociación colectiva mediante la individualización de las relaciones laborales produce también un efecto negativo en las propias empresas, entre las que aplican el convenio del sector y las que no lo hacen. Se establece una competencia desleal entre ellas (dumping social) que penaliza a la empresa socialmente responsable.

Un auténtico desafío para el que tenemos que estar dispuestos y que va a requerir respuestas y unidad de acción.

En Andalucía, la UGT está preparada para luchar contra la pérdida del derecho a la regulación colectiva de las relaciones laborales, para combatir el fraude en la negociación o su desaparición en empresas y sectores.

Aunque estamos dispuestos a llegar a acuerdos con la patronal, en el ámbito regional, beneficiosos para los trabajadores, también estamos preparados para la presión y el conflicto.

UGT gana una sentencia a favor de una trabajadora víctima de acoso laboral, por incumplimiento del convenio y por impago de su salario

La Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia se congratula de la victoria obtenida por los servicios jurídicos de nuestro sindicato en la Comarca del Mar Menor, que ha ganado una sentencia a favor de una trabajadora, en la que la demandante ha sido víctima de un continuo y reiterado acoso laboral que ha atentado contra la dignidad de su persona, provocándole un cuadro ansioso-depresivo por las vejaciones, insultos y menosprecios a los que ha estado sometida desde que, tras una baja por los mismos síntomas y una posterior maternidad, se reincorporara a su puesto de trabajo.

Desde ese momento, la trabajadora pidió una reducción de jornada de acuerdo a su maternidad, solicitando cambiar su turno de trabajo, fijado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 ó 22:00 horas, por uno continuado de 10:00 a 15:40 horas; siéndole denegado sistemáticamente por la empresa, que la obligaba a trabajar también sábados, domingos y festivos, jornadas de hasta 12 horas continuadas con descanso para comer. No corrieron la misma suerte varias de sus compañeras, a las que la empresa si les reconocía sus derechos laborales y pudieron disfrutar de una jornada continua. Del mismo modo, la demandante alegó la imposibilidad de disfrutar de una hora diaria de trabajo para dedicarlo al permiso por lactancia que le corresponde por tener un hijo/a menor de nueve meses.

Unido a toda esta serie de negativas, trato discriminatorio e impedimento para la conciliación de la vida familiar con la laboral, la empresa comenzó a retrasarse no sólo en el abono de su salario sino en el pago de la baja temporal que la trabajadora tuvo que tomarse. De ahí que los servicios jurídicos de UGT en el Mar Menor, llevaran a cabo una demanda en contra de esta empresa a causa del acoso moral, basado en el hostigamiento, acoso y vaciamiento de sus funciones tras la incorporación laboral de la trabajadora.

Sin duda, esta situación de acoso o moobing presenta los requisitos que la jurisprudencia prevé necesarios para su estimación: situación de hostigamiento, actitudes de violencia psicológica (ya que era insultada por su jefe con palabras como “la gorda esa”), conducta prolongada en el tiempo, objetivo de causar daño a la trabajadora que afecte a su personalidad y autoestima y, por último, la causación a ésta de alteraciones psicosomáticas de ansiedad que, como es lógico, motiven el abandono del puesto de trabajo ante la incapacidad de soportar el stress al que se somete.

Conductas, todas ellas, avaladas por una de sus compañeras de trabajo, que relató que su superior le había obligado a no mantener relación de amistad ninguna con ella. De toda la prueba practicada, se confirmó por el Juzgado de lo Social nº3 de Cartagena, que los hechos denunciados por la Unión General de Trabajadores eran suficientes y fundados para estimar que la demandante había sido hostigada y acosada, consiguiéndose la extinción del contrato de la trabajadora y la condena al empresario de abonar por indemnización cuarenta y cinco días por año de servicio.

Valoración de la UGT sobre el Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva

En la valoración del Real Decreto-ley 7/2011 de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva no puede hacerse abstracción del proceso de negociación previo desarrollado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas al amparo de los compromisos asumidos en el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011 (ASE), y en particular no debe ignorarse lo establecido en el acuerdo bipartito sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva incluido en el citado Acuerdo. En este sentido, debe recordarse la mención a la suscripción de un Acuerdo Interconfederal en el que se incorporara los acuerdos que pudieran alcanzarse en la materia. De haberse conseguido tal acuerdo, las opciones de política legislativa sobre la estructura de la negociación colectiva, la dinamización de la negociación colectiva, la renovación de los convenios y su adaptación a los cambios en los sectores y en las empresas, como son el impulso de las comisiones paritarias y de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, la flexibilidad interna y la participación de los trabajadores, habrían tenido el amparo y apoyo efectivo de los firmantes de cara a la consecución de estos objetivos.

Con carácter previo debe hacerse la observación sobre la insuficiencia del razonamiento expuesto en la parte VI de la “Exposición de Motivos” para justificar que se haya elegido la figura del Real Decreto-ley para la reforma pretendidamente urgente de la negociación colectiva. Más allá de que esta reforma fuera, efectivamente, un compromiso asumido por el Gobierno ante las instituciones europeas, la mención al mandato recogido en la Ley 35/2010, en su disposición adicional vigésima primera es inadecuada de cara a la justificación de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el texto constitucional. Esa disposición de la Ley 35/2010 señalaba un plazo amplio para que el Gobierno adoptara tales medidas en defecto de acuerdo en el proceso de negociación bipartita, de seis meses a partir del día 19 de septiembre de 2010, plazo que concluyó en el pasado mes de marzo, y no ha sido hasta el día 11 de junio la fecha de aprobación por el Gobierno de la reforma legal. De aquí que de haber existido las razones de extraordinaria y urgente necesidad para la reforma, tales circunstancias hubieran resultado incompatibles, primero, con el mismo mandato de la Ley 35/2010 ajeno a razón alguna de urgencia, y segundo, con el hecho de no haberse aprobado con anterioridad la reforma, cuando en los distintos momentos temporales señalados las circunstancias relativas a la situación de la economía y del empleo han sido sustancialmente las mismas.

En tercer lugar, aunque se mantiene la ultraactividad de los convenios colectivos, el Real Decreto-ley presenta serias dudas sobre su constitucionalidad , al imponer el arbitraje obligatorio en distintos preceptos que en nada despeja la exposición de motivos, como se indicará a continuación,. Es el caso del inciso final del párrafo 3º, del artículo 86.3, sobre “vigencia” de los convenios; o, es el caso del punto 2 de la disposición adicional primera, sobre los mencionados “Procedimientos no judiciales”. Tal inconstitucionalidad sería no respetar los imperativos constitucionales con vocación de permanencia de la norma lesiva o contraria a la Constitución, como que pretenda darse una proyección temporal a la norma infractora. Al contrario de lo que se indica en el párrafo 8 de la parte V de la exposición de motivos del RD-ley, no prima en todo momento la voluntad de los firmantes de los acuerdos interprofesionales sobre la materia, ni se propicia sólo el recurso voluntario a los sistemas de solución no judicial de controversias en la renovación de los convenios, sino que se impone el arbitraje independientemente de la voluntad de las partes o del momento en que tuvieran obligación legal de pronunciarse sobre la inclusión o no el arbitraje entre los sistemas de solución extrajudicial de conflictos, y antes de pronunciarse, en caso positivo, acerca del carácter voluntario u obligatorio del arbitraje. No se debe obviar, tampoco, el escaso favor que se hace al teórico objetivo de reforzamiento de los arbitrajes, pues la imposición de estos mecanismos en contra de la voluntad previa de las partes interesadas en la negociación, lo que va a generar, seguramente, será una reacción defensiva entre los interlocutores para mantener el carácter voluntario de los arbitrajes, que es la situación de partida actual.

En conexión con lo anterior, el RD-ley no resuelve de manera conveniente el posible conflicto que podría darse entre el ejercicio constitucional del derecho de huelga, que según el nuevo artículo 86.3 del ET puede desarrollarse desde la denuncia del convenio, y la imposición de un arbitraje no querido por la parte sindical, salvo que pretenda limitarse este derecho, lo que sería inconstitucional. Ahora bien, el arbitraje quedaría totalmente bloqueado si una de las partes pudiera ejercer el derecho de huelga durante su tramitación, lo que hace más incomprensible el propósito de la reforma legal. Solo es posible compatibilizar ambas instituciones cuando las partes se someten voluntariamente al arbitraje, y para eso hay que permitirles que acuerden lo que consideren conveniente sin intromisiones ajenas.

En cuarto lugar, pese a los avances en materias de comisiones paritarias y dentro de estas valoraciones preliminares, debe advertirse sobre la insuficiencia de las previsiones sobre participación de los trabajadores en materia de negociación colectiva. Habiendo compartido en el ASE que debería impulsarse la flexibilidad interna de las empresas, tal objetivo se unió a la necesidad de mejorar la participación de los trabajadores en estas decisiones, con la finalidad de evitar que la aplicación de las medidas dieran lugar a un desequilibrio en las relaciones laborales dentro de la empresa. Pues bien, las distintas previsiones del RD-ley, y sin que ello suponga ignorar algunas mejoras recogidas en materia de participación, lo cierto es que no permiten avanzar con la misma trascendencia en el reconocimiento de la participación de los trabajadores en las medidas de flexibilidad interna que se aplican en la actualidad por decisión discrecional del empresario conforme a la norma vigente, en contraposición a la manera que el RD-ley fija como contenido mínimo de los convenios la previsión de medidas que contribuyan a la flexibilidad interna. Salvo las referencias a los artículos 41.6 y 82.3, no se mandata a los convenios a que desarrollen mecanismos claros de participación en las decisiones de flexibilidad, lo que rompe nuevamente el equilibrio en las posiciones de las partes de cara al convenio a favor del lado empresarial.

En quinto lugar, y también con carácter general, si bien se valora positivamente el esfuerzo en materia de estructura y concurrencia de convenios que se hace en el RD-ley sobre el fortalecimiento de la negociación colectiva interprofesional y sectorial estatal o autonómica, y sobre la ordenación de la negociación en ámbitos inferiores como es el de empresa, la prevalencia aplicativa que se reconoce a este último convenio respecto del sectorial en distintas materias, puede convertirse en marco absoluto de regulación que puede monopolizar el convenio de empresa, simplemente con la negativa de alguna de las partes en los ámbitos interprofesional o sectorial a establecer pactos en contrario. En consecuencia, a falta de previsión específica de los convenios u acuerdos indicados, no será posible que tales convenios puedan establecer una regulación específica o distinta a la reserva legal de materias para el convenio de empresa. Lo que es especialmente preocupante en materia salarial de no observarse en los de ámbito empresarial el salario mínimo garantizado en el sector y los porcentajes de incremento fijados en el convenio sectorial de aplicación, así como los criterios fijados en éste sobre ajuste del salario y de la productividad, lo que vulneraría el marco acordado en el AENC para el período 2010-2012.

No se ha trasladado a los contenidos de la norma las condiciones o limitaciones señaladas por las organizaciones sindicales para la potenciación del convenio colectivo de empresa frente al sectorial, que tenían por finalidad evitar la imposición de peores condiciones de trabajo por voluntad del empresario que las reconocidas en el convenio sectorial, y que el proceso no quedara al margen de la actuación de la comisión paritaria del sector, y que en la negociación de las materias en la empresa la representación de los trabajadores pudiera contar con el asesoramiento sindical que permitiera la adecuada defensa y promoción de sus intereses. Lagunas que permiten dar una prevalencia casi absoluta a los convenios de empresa sobre los de carácter sectorial.

Además, las organizaciones sindicales más representativas deben hacer constar las reiteradas proclamaciones hechas sobre que las reformas de esta materia deberían estar informadas por el principio de respeto a la autonomía colectiva de sindicatos y organizaciones de empresarios. Se hizo constar, como documentos más recientes, en las Declaraciones para el Diálogo Social de 2004 y 2008, en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 9 de febrero de 2010, y en el mismo ASE de 2 de febrero de 2011. Por tanto, la iniciativa adoptada por el Ejecutivo se corresponde con su exclusiva responsabilidad, que en el momento de tramitarse legislativamente, en su caso, lo será del poder legislativo, pero no con propuesta alguna de las organizaciones sindicales, de aquí las importantes y sustanciales diferencias que UGT tiene respecto del RD-ley.

Hay que resaltar la advertencia sobre la disconformidad sindical acerca de la reforma laboral impuesta por el RD-ley 10/2010 y la Ley 35/2010, particularmente por lo que se refiere a la materia objeto del borrador de anteproyecto, como fueron las reformas operadas en el artículo 41.6 y en el artículo 82.3 del ET, entre otros preceptos en materia de negociación colectiva, que provocaron la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre de 2010, y la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular “Por el Empleo Estable y con Derechos” para su corrección. En este sentido, la reforma hecha por el RD-ley 7/2011 mantiene la regulación que provocó la mencionada respuesta sindical.

Conclusión

El Real Decreto-Ley de reforma de la negociación colectiva es una decisión unilateral del Gobierno que no recoge los compromisos alcanzados en el proceso de negociación de los interlocutores sociales y no refleja los criterios básicos acordados en el Acuerdo Social y Económico.

El desarrollo y adaptación de nuestro sistema de relaciones laborales requiere de la participación e implicación de los interlocutores sociales a través de acuerdos entre partes en el ámbito interconfederal. Por ello, esperamos que CEOE comparta esta visión y apueste por recuperar el diálogo social sobre negociación colectiva.

A su vez, la entrada en vigor del RDL exige que el conjunto de la organización impulse y refuerce la negociación de los convenios colectivos para proteger los derechos de los trabajadores.

Ante el nuevo decreto de la Negociación Colectiva

Pastrana advierte del inicio de movilizaciones “empresa a empresa y sector a sector”

Emplaza a los empresarios a “cerrar acuerdos de normalización” o “señalaremos, denunciaremos y perseguiremos a los que violen el derecho de la negociación colectiva”

Augura que el Decreto del Gobierno dejará a cientos de miles de trabajadores sin convenio colectivo y que “da cuerpo legal a lo que los empresarios están intentando por la vía de los hechos”

El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, emplazó ayer a los empresarios de la provincia de Cádiz y de Andalucía a “cerrar en los próximos meses acuerdos de normalización de la negociación colectiva en el conjunto de los sectores y de las empresas” debido al nuevo Decreto del Gobierno de la Negociación Colectiva y ante la situación de bloqueo de los convenios en Andalucía, más de 700, y cerca de 200 en Cádiz. El líder regional ha advertido que en caso contrario, “empezaremos un proceso de conflictividad laboral empresa a empresa y sector a sector”. Un proceso que se llevará a cabo a partir de “movilizaciones, señalando, denunciando y persiguiendo directamente a las empresas y empresarios que violen el derecho de la negociación colectiva”.

En rueda de prensa en Cádiz, Pastrana ha anunciado que, “visto que la negociación colectiva y el diálogo social no permiten en absoluto garantizar los derechos mínimos de los trabajadores, consideramos necesario cambiar la estrategia sindical”. Así, la primera “advertencia” será una movilización conjunta con CCOO en Sevilla el próximo 22 de junio, bajo el lema de Gobernar Europa significa fortalecer su modelo social, no atacarlo. A partir de ese momento ambos sindicatos están diseñando una estrategia de movilizaciones porque “no vamos a permitir que de ninguna manera por la vía legal, a través del decreto, o por la vía de los hechos, las empresas pretendan mantener su margen de beneficios en base a unos niveles de explotación laboral que no son propios ni de este país ni del momento histórico que vivimos”.

Para Pastrana, el decreto aprobado por el Gobierno rompe con el modelo de relaciones laborales que hasta ahora hemos mantenido en nuestro país a lo largo de más de 35 años.

Denunció además que esta reforma posibilita a la pequeña empresa en Andalucía que, “bajo distintos subterfugios” dejen a los trabajadores sin convenio o con convenios de empresas “que no sean más que una mera pantomima para individualizar las relaciones de trabajo, sus condiciones salariales y su jornada”. Una situación que se “agrava” teniendo en cuenta que “el 93% de las empresas andaluzas tiene 10 empleados y que el decreto aprobado por el Gobierno establece una primacía de la decisión de la empresa de tener un marco de negociación propio sobre los convenios de ámbito superior”, lo que significa que una vez que los empresarios opten por un convenio de empresa, “los trabajadores perderán sus derechos”, explicó.

“El Gobierno del Estado y de la Junta –insistió- están llegando a unos niveles de sometimiento que han abandonado la competencia que tienen para defender los derechos básicos de los ciudadanos”. “¿Para qué queremos un Gobierno si al final lo que hace es darle cuerpo legal a lo que los empresarios están intentando por la vía de los hechos en las empresas, saltar sobre los derechos de los trabajadores?”, preguntó.

Al mismo tiempo, Pastrana denunció la “invisibilidad” del Gobierno de la Junta al que ha retado a que en los próximos días presente un plan de actuación “concreto, creíble y visible” contra el “terrible” problema del paro en Andalucía. Un plan que facilite el empleo y que garantice las prestaciones sociales a aquellas personas que no consiguen encontrar un puesto de trabajo, y aunque “conozcamos que la situación económica de la Junta no es positiva”, la UGT “quiere ver al Gobierno de la Junta peleando contra el Gobierno del Estado, la Unión Europea y los bancos, que han generado un genocidio laboral en esta comunidad, para buscar soluciones a este colectivo de trabajadores”.

Para ello “no hay tiempo para divagaciones y juegos políticos, lo único que necesitamos son realidades, planes concretos, actuaciones inmediatas y compromisos ineludibles”. Si no es así, anunció que “UGT va a estar día a día sacando y poniendo de manifiesto la situación de cada uno de los colectivos, frente al Palacio de San Telmo o donde corresponda”.

De todas estas cuestiones, fueron informados posteriormente los secretarios generales de todos los organismos de la UGT de Cádiz en el Consejo Provincial que se celebró para tratar además la situación socio-laboral de la provincia.

Mostramos nuestro Rechazo

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Algeciras rechaza tajante y vehementemente cualquier amenaza o agresión física o moral, de donde provenga, contra empleados o empleadas de nuestro Consistorio.

El compañero y abogado José Antonio Orfila Rodríguez (Kiko) recibió ayer en el buzón de su casa un anónimo que le insultaba y amenazaba, insultos y amenazas como consecuencia de ejercer con profesionalidad e imparcialidad las funciones que se le vienen encomendando.

LA CES, UGT Y CCOO EXIGEN UN CAMBIO DE RUMBO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EUROPEA

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su reciente Congreso celebrado en Atenas, ha convocado a los trabajadores y trabajadoras europeos a participar en una nueva movilización sindical. El motivo general del llamamiento es la expresión del rechazo a las políticas económicas y sociales, impulsadas o impuestas por las instituciones de la Unión Europea, y la exigencia de un radical cambio de rumbo de las mismas en el incipiente gobierno económico de la UE. Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario acompañadas de las llamadas “reformas estructurales”, iniciadas en mayo de 2010 y que van a ser consagradas en el Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, no sólo son profundamente injustas, al hacer recaer todo el coste de la crisis sobre los trabajadores y las clases medias, sino que, además, son erróneas: han fracaso estrepitosamente en su propósito de poner fin a la crisis de las deudas soberanas de varios países (véase la situación actual y las perspectivas de Grecia, Irlanda y Portugal) y, en aquellos Estados miembros que las han aplicado con mayor rigor, como España, el resultado ha sido el mantenimiento o la recaída en la recesión y el fuerte aumento del desempleo.

La política que rechazamos parte del error de tener un único objetivo –reducir déficits y deudas públicas-, limitarse a ello en el peor momento –antes de la recuperación del crecimiento- y pretender alcanzarlo en un plazo de tiempo muy corto-2013-. Peores son los medios, que están produciendo un aumento de la pobreza y la desigualdad social en casi todos los países europeos: reducir y congelar salarios y pensiones, recortar fuertemente las inversiones públicas y las prestaciones sociales, aumentar sólo los impuestos indirectos y reformar la negociación colectiva en el sentido de debilitar su fuerza normativa, en particular la de los convenios sectoriales, maximizar la flexibilidad sin seguridad y debilitar la capacidad contractual de los sindicatos.

Nunca en la historia de la UE se habían promovido desde sus principales instituciones – Consejo, Comisión y Banco Central Europeo- unas políticas de signo tan conservador y ultraliberal. Nunca se había pretendido, en tan gran número de países, establecer simultáneamente tantas medidas que deterioran prestaciones e instituciones básicas de sus Estados de bienestar. Nunca hasta ahora se había utilizado la necesidad de financiación pública de los gobiernos nacionales para imponer políticas reaccionarias en campos en los que la UE no tiene competencias: políticas sociales, salarios y negociación colectiva.

Estas y otras decisiones políticas, como las que afectan a las migraciones, están fomentando el alejamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas, fomentando el nacionalismo, la insolidaridad y la quiebra de la cohesión social y entre los Estados y, con todo ello, poniendo en serio riesgo el propio proyecto de integración, económica y política, de la UE.

UGT y CC OO han tenido que enfrentarse a la negativa influencia de la política económica y laboral de la UE en el diálogo social en España. El pasado año contribuyó al fracaso de la negociación sobre la reforma del mercado laboral y a los negativos contenidos de lo decretado por el Gobierno en esta materia, que llevaron a convocar la Huelga General del 29 de septiembre y, ahora, a promover la Iniciativa Legislativa Popular para rectificar lo promulgado. En estos días, las orientaciones del Pacto por el euro y las condiciones del plan de ajuste para el rescate financiero de Portugal han contribuido a que la patronal española, la CEOE, se desdijera de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación e hiciera fracasar las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva.

CC OO y UGT han participado en todas las movilizaciones sindicales europeas que la CES ha convocado desde comienzos de 2010, por considerar que, hoy más que nunca, resulta necesario enfrentarse en el ámbito transnacional europeo a unas políticas que condicionan tan decisivamente la actuación de gobiernos y patronales en cada país. La CES ha convocado una nueva movilización sindical europea en las vísperas del debate en el plenario del Parlamento Europeo (22 y 23 de junio) del Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, y de la Cumbre del Consejo Europeo (23 y 24 de junio). El 21 de junio se celebrará una euromanifestación en Luxemburgo en la que participarán delegaciones de CC OO y UGT. La CES ha llamado a que se realicen acciones públicas en las principales ciudades europeas (en Grecia se ha convocado una nueva huelga general, el 15 de junio).

La CES, UGT y CC OO pretenden que el mensaje de los trabajadores europeos a los responsables políticos sea claro: hay que cambiar el rumbo de la errónea y antisocial política económica europea; el fortalecimiento del gobierno europeo pasa por reforzar, y no atacar, su modelo social.

Además, en relación con el debate que tendrá lugar en el Parlamento Europeo, defendemos que:

· Los avances logrados durante los trabajos del Comité de Asuntos Económicos sean preservados: hay que garantizar la autonomía de los interlocutores sociales, en particular en lo que respecta a los salarios y al marco de la negociación colectiva;

· el gasto público en inversión sostenible sea independiente de las restricciones presupuestarias y no contabilice para la consecución de los objetivos de déficit;

· el gobierno económico europeo incluya la armonización de la base fiscal y un tipo impositivo mínimo del impuesto de sociedades;

· las inversiones en el desarrollo europeo y en las redes de infraestructuras y proyectos se financien mediante la emisión de eurobonos;

· para hacer frente a las necesidades de financiación de los Estados miembros, de forma solidaria y a tipos de interés y plazos razonables, la UE debe emitir eurobonos hasta un valor equivalente al 60% del PIB de cada uno de ellos.

La CES, CC OO y UGT participan igualmente en la campaña internacional por la implantación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales (el 22 de junio se celebra una jornada mundial de apoyo a esta reivindicación). Hoy, ambas medidas resultan especialmente útiles para combatir la especulación financiera y la evasión fiscal y para obtener los ingresos necesarios para la realización de las políticas públicas que estamos preconizando.

Gobernar Europa tiene que significar trabajar por una Europa más social e inclusiva para todos los ciudadanos, especialmente para los jóvenes. El gobierno económico de la UE debe estar orientado al acceso a puestos de trabajo estables y de calidad, la promoción generalizada de la formación para todos, los salarios dignos, y una fuerte protección social. Se deben asegurar y defender el poder adquisitivo, el nivel de las pensiones y el acceso a unos servicios sociales de calidad.

UGT y CC OO hemos convocado una jornada de acción en España el 22 de junio. En ese día se celebrarán asambleas de delegados/as y concentraciones o manifestaciones en numerosas ciudades españolas. Las concentraciones o manifestaciones se convocarán ante las Delegaciones del Gobierno y, en Madrid, concluirá ante el Ministerio de Trabajo.

UGT A llama a la movilización ciudadana el 22 de junio

El motivo: el rechazo total a las políticas económicas actuales. Manuel Pastrana critica la reforma laboral, el decreto de negociación colectiva, la falta de controles a los bancos… “Hemos agotado todas las posibilidades de negociación”, ha dicho, “ahora nos toca dar un paso a los trabajadores”. La manifestación será el 22 de junio en Sevilla.

Parques Acuáticos

En nuestra Sección Sindical diponemos de las tarjetas de descuento TEMPORADA 2011 de los Parques Acuáticos que a continuación te exponemos. En los próximos días pasaremos por los centros de trabajo para hacerte entrega de las mismas.

PARQUE ACUÁTICO MIJAS

BAHÍA PARK

AQUALAND TORREMOLINOS

UGT y CCOO entregarán mañana un millón de firmas en el Congreso para revertir la reforma laboral

UGT y CCOO entregarán mañana jueves, 16 de junio, a las 11:00 horas, las firmas recogidas hasta el momento para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Por el empleo estable y con derechos”, con el fin de que el Congreso revierta la reforma laboral aprobada hace un año.

En el acto, en el que intervendrán los Secretarios Generales de ambas organizaciones, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, UGT y CCOO harán entrega de un millón de firmas ante la Junta Electoral Central, el doble de las requeridas.

El pasado mes de marzo se inició el proceso de recogida de firmas contra una reforma laboral que se ha demostrado inútil y lesiva para los derechos de los trabajadores, que ha aumentado la contratación temporal, ha reducido la contratación indefinida, y no ha conseguido generar un clima a favor de la recuperación económica y el empleo.

Se trata, en definitiva, de una segunda oportunidad que la ciudadanía de nuestro país ofrece a las Cortes para que enmiende el error mayúsculo que supuso la aprobación de esta reforma y con la que las organizaciones sindicales pretenden mejorar la calidad del empleo y enviar un mensaje de confianza a la sociedad española para que aumente su capacidad de lucha contra la crisis y contra el desempleo, algo en lo que la reforma laboral ha fracasado estrepitosamente.

La ILP es un instrumento de participación política de la población en la actividad legislativa del Estado regulado por la Constitución Española. Su firma sólo está reservada a ciudadanos de nacionalidad española, mayores de 18 años, e inscritos en el Censo Electoral, y deben estampar su firma, junto a su nombre y apellidos, DNI y municipio, en cuyas listas electorales se encuentran inscritos.

EL Equipo de Gobierno y los Representantes Sindicales mantienen una primera toma de contacto

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado del primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz y el segundo teniente de alcalde, Luis Ángel Fernández, recibieron a primera hora de esta mañana en el salón de Plenos, a los integrantes del Comité de Empresa y de la Junta de Personal del Ayuntamiento.

El primer edil les ofreció en esta primera reunión, trabajo, compromiso, esfuerzo y un despacho abierto, asegurándoles que es vital trabajar juntos “para devolver a los algecireños lo que ellos nos dan y el sueldo que nos pagan”.

Landaluce les informó de la auditoría externa que prepara el Ayuntamiento, una medida que aseguró ayudará “a saber dónde estamos para buscar medidas que ponga fin a la incertidumbre” acerca de la situación real de las arcas municipales.

El alcalde destacó que Algeciras necesita un plan económico y que el interventor termine el arqueo correspondiente al ejercicio del año 2010 para poder plantear las medidas que fuesen oportunas para garantizar la viabilidad de las cuentas municipales a falta de que se conozcan los datos de la auditoría citada anteriormente.

Como ejemplo de esfuerzo y gestión austera el primer edil citó la Feria de Ganado a coste cero para las arcas municipales, señalando que este ha sido uno de los comienzos en la dinámica gestión que busca este nuevo equipo de Gobierno y en el que el papel de los funcionarios será básico.

Landaluce garantiza que se abonará la paga extraordinaria en estos días

El alcalde ofrece en la reunión con los representantes sindicales trabajo, compromiso, esfuerzo y un despacho abierto · Lara (UGT) precisa que el regidor pide que todos "rememos en el mismo sentido"

Miguel Ángel Lara (UGT), presidente del comité, aseguró a este diario que Landaluce les ha garantizado que la paga extraordinaria será abonada en los próximos días. "Nadie del equipo de gobierno anterior ni del actual nos ha hecho temer por este asunto", alegó Lara negando rotundamente un "rumor generalizado" sobre la falta de dinero para abonar la paga extraordinaria a la plantilla municipal.

Sobre posibles recortes de personal, Lara explicó que el alcalde no les ha propuesto nada al respecto. "Landaluce ha dicho que las puertas de su despacho y de todos los ediles están abiertas y que como está la situación económica es necesario que todos rememos en el mismo sentido", celebró el presidente del comité de empresa que destacó el gesto de cordialidad del regidor con las fuerzas sindicales y con UGT, que disfruta de una amplia mayoría en el Ayuntamiento desde hace un mes cuando se celebraron las elecciones.

Lara insistió en que el alcalde profundizó en las deficiencias económicas que atraviesa el Ayuntamiento. Al hilo, por parte de UGT le trasladaron la importancia de consolidar el empleo para eliminar la incertidumbre, garantizar los derechos consolidados y asegurar el pago de las nóminas, que fueron claves en el programa electoral del sindicato. Lara calificó en definitiva el encuentro de positivo.

Organización Municipal

ÁREAS MUNICIPALES

AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE:

COORDINADOR: DIEGO GONZÁLEZ DE LA TORRE

- URBANISMO

- VIAS Y OBRAS

- PATRIMONIO HISTORICO

- VIVIENDA

- MEDIO AMBIENTE (INMUCONA)

- ALUMBRADO PUBLICO

- PARQUES Y JARDINES

- CEMENTERIO

- LIMPIEZA

- PLAYAS

AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINADOR: JACINTO MUÑOZ MADRID

- POLICIA LOCAL

- TRÁFICO

- PROTECCIÓN CIVIL

- MOVILIDAD URBANA (TRANSPORTE)

- SERVICIO CONTRA INCENDIOS

AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y DESARROLLO ECONOMICO:

COORDINADOR: LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

- ECONOMIA Y HACIENDA

- CONTRATACIÓN

- PATRIMONIO

- MERCADOS Y CONSUMO

- COMUNICACIÓN

- TURISMO

- FOMENTO Y EMPLEO

- PERSONAL

- ESTADÍSTICA

AREA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES:

COORDINADOR: PAULA CONESA

- ASUNTOS SOCIALES

- IGUALDAD DE GENERO Y 3ª EDAD

- EDUCACIÓN

- DEPORTES

- SALUD Y CONSUMO

- JUVENTUD

AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CULTURA, FERIA Y FIESTAS:

COORDINADOR: JUANA CID

- FERIA Y FIESTAS

- CULTURA Y UNIVERSIDAD

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO

ALCALDE DE ALGECIRAS

JACINTO MUÑOZ MADRID: 1º Teniente de Alcalde, Delegado de Personal y Seguridad Ciudadana. Portavoz Municipal.



LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: 2º Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda y Patrimonio. Portavoz Adjunto.


PILAR PINTOR ALONSO: 3º Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura y Universidad.



BERNABÉ RAMÍREZ LÓPEZ: 4º Teniente de Alcalde, Delegado de Educación, Limpieza (Algesa) y Pesca.


JUANA CID VADILLO: 5º Teniente de Alcalde, Delegada de Salud y Consumo, Mercados y Feria y Fiestas.


DIEGO GONZÁLEZ DE LA TORRE: 6º Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Vías y Obras y Patrimonio Histórico.


EVA PAJARES RUIZ: 7º Teniente de Alcalde, Delegada de Contratación y Emalgesa. Coordinadora de Grupo.



FCO JAVIER RODRÍGUEZ ROS: 8º Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, Protección Civil y Servicio contra Incendios.



SUSANA PÉREZ CUSTODIO: Delegada de Medios de Comunicación y Turismo.



PAULA CONESA BARÓN: Delegación de Bienestar Social e Informática.


PATRICIA CARDOSO. Delegada de Juventud, Estadística y Cementerio.


VICTORIA ZARZUELA RAMOS. Delegada de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano.

DIEGO DE SALAS. Delegado de Fomento, Comercio e Industria


ANA RODRÍGUEZ PIZARRO. Delegada de Medio Ambiente, Alumbrado y Movilidad Urbana


SEGUNDO ÁVILA CAMPOS. Delegado de Playas, Parques y Jardines, y Vivienda