La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado ha hecho entrega al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011.
La siguiente fase, crucial en la tramitación de los Presupuestos, es el debate de totalidad en el Pleno del Congreso, que tendrá lugar entre el martes 19 y el 20 de octubre. Estos serán los segundos Presupuestos que le tocará defender a Salgado.
Para este trámite, el Ejecutivo y el PSOE negocian con cerrar el apoyo del PNV, tras el acuerdo alcanzado en materia de transferencias de políticas de empleo, y Coalición Canaria, formación con la que ha mantenido contactos desde el verano. Los grupos tienen de plazo hasta el viernes anterior al debate para presentar sus enmiendas de devolución.
De forma previa, hay que significar que se trata de unos presupuestos que parten de un escenario económico para el año 2011, que se antoja erróneo y demasiado optimista, en materia de crecimiento económico y de empleo (lo que repercute en el incremento de la afiliación y, de los ingresos por cotizaciones) y que choca con las estimaciones: efectuadas por otros organismos nacionales e internacionales de diversa índole.
El Gobierno, basándose únicamente en criterios y orientaciones económicas marcadas desde la Unión Europea, no sólo se ha equivocado al elaborar estos Presupuestos, sino que sigue incumpliendo determinados compromisos alcanzados en el marco del Diálogo Social en julio de 2006, como la integración del Régimen Especial Agrario y el Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, o el establecimiento de un procedimiento para rebajar la edad de jubilación a aquellos trabajadores en actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres. Además, también incumplirá el mandato legal de elevar el permiso de paternidad a 4 semanas y hará caso omiso a la petición de la mayoría parlamentaria y social de dar marcha atrás en su decisión de congelar las pensiones para el año 2011.
Desde la UGT consideramos que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 son unos presupuestos regresivos que no fomentan la recuperación económica y la creación de empleo. Es la primera vez que no se ha cumplido el trámite de información y consulta con las organizaciones sindicales.
También se producen reducciones en el gasto en dependencia, en maternidad, en paternidad, en lo referente a riesgo durante el embarazo y a la lactancia natural. Se recortan las prestaciones familiares (eliminación del “cheque bebé” y supresión de las ayudas por hijos a cargo). Junto a esto la inversión y las ayudas a la vivienda protegida sufren recortes importantes. Todo esto significa un claro retroceso en las cuestiones más sociales que afectan a los trabajadores.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sugirió ayer al Gobierno que tenga un plan alternativo (un plan B) en el caso de que la economía crezca menos del 1,3% (crecimiento que nos parece de ciencia ficción), lo que dificultaría la reducción del déficit.
Hay un dicho que dice “piensa mal y acertarás”, y no nos queda otra cosa que pensar que el plan B que nos sugiere el amigo Ordóñez pasa por recortar más derechos sociales en el caso de que el Producto Interior Bruto (PIB) no crezca por encima del 1,3%, situación muy probable porque como decía antes este crecimiento en los tiempos que corren sólo suele ocurrir en las películas.
Pero no sabemos el porqué se molesta el Sr. Ordóñez en proponer un Plan B, si con el Plan A de l Gobierno zapaterista nos las van a dar todas juntas. Primero la reducción del 5% en los sueldos de los funcionarios, después la reforma laboral, detrás la reforma de las pensiones, y ya se habla que la cuarta fase sería bajar los salarios en una proporción del 20 por ciento.
¿En qué nos afecta más perniciosamente a los empleados públicos esta Ley?
Pues bien, durante el año 2011 y en relación a la Oferta Pública de Empleo (OPE) , el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público será como máximo, igual al 10 por ciento de la tasa de reposición de efectivos y se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, lo que viene a significar que de cada diez jubilaciones sólo se podrá cubrir una, con lo que la calidad de servicio público se verá mermada considerablemente, abriéndose las puertas junto a la reforma laboral a las especulaciones para privatizar servicios con empresas que con la mencionada reforma podrán despedir a los trabajadores a bajo coste.
En cuanto a las retribuciones pensábamos que la reducción del 30% en la paga extra de Navidad respondía a un ajuste (de enero a mayo) por aquello de que se comenzó a aminorar la nómina en el mes de junio. Pues pensábamos mal, el proyecto de ley no sólo congela las retribuciones, sino que en las pagas extraordinarias de junio y diciembre veremos nuevamente como nos las abaratan considerablemente.
Más información sobre la LPGE
** Desde la UGT rechazamos los presupuestos de la Seguridad Social para 2011
** Texto íntegro del proyecto de Ley
** Un obstáculo para la recuperación económica y el empleo
