Llevan cinco meses y medio en el Gobierno y no paran de recortar derechos. Guiado por Merkel y las instituciones financieras, el Gobierno español ha puesto en marcha un descarnado programa de reformas con la única obsesión de contener el déficit y acabar con derechos laborales, sociales y democráticos. 

Creyeron que su sola presencia en el Gobierno tranquilizaría a los poderes financieros y restablecería la confianza en nuestra maltrecha economía. Pero en este breve periodo de tiempo el paro no ha dejado de crecer, la economía permanece estancada y no se atisba la salida de la crisis. Europa vive una grave crisis económica y social con tasas dramáticas de desempleo: son ya 24 millones las personas que están en paro en la Unión Europea, entre ellas más de cinco millones de jóvenes. En España, el paro alcanza cifras dramáticas: más de 5,5 millones de personas; en 1,7 millones de hogares, ninguno de sus integrantes en condiciones de trabajar, tiene empleo.

Y por si fuera poco, el crecimiento imparable del desempleo coincide con un ataque generalizado y sistemático a los derechos laborales y sociales, impulsado desde las instituciones europeas, que está teniendo consecuencias especialmente dolorosas en los países del sur y del este de Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida de derechos, debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las prestaciones y servicios públicos, y ataque sin precedentes al Estado de bienestar.

UGT y CCOO hemos emplazado una y otra vez al Gobierno a negociar un acuerdo por la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Un Acuerdo que debería implicar a las fuerzas políticas parlamentarias y a las instituciones del Estado. A nuestro juicio, este sería el mejor camino para restablecer la confianza y sentar las bases para una salida más justa y equilibrada de la crisis. Pero el Ejecutivo prefiere entenderse con Merkel y la derecha europea para intentar, sin conseguirlo, satisfacer a mercados e instituciones financieras. Sigue instalado en el conflicto social, en el ataque a los derechos laborales y a los servicios públicos; en la eliminación de derechos civiles y democráticos; en la ‘criminalización’ de la respuesta social y sindical.

El movimiento sindical no va a parar. Seguiremos movilizándonos en la calle contra estas políticas antes y después del verano, y mantendremos un diálogo constante y fluido con la sociedad civil y las fuerzas políticas para trasladarles nuestras propuestas; fortaleceremos las alianzas sociales en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar; promoveremos los mayores niveles de protección de las personas en situación de desempleo. 

POR ELLO, EL 20 DE JUNIO, HEMOS CONVOCADO MANIFESTACIONES EN TODO EL PAÍS PARA DENUNCIAR LOS RECORTES SOCIALES DEL GOBIERNO, PARA VOLVER A RECHAZAR LA REFORMA LABORAL, Y PARA ENFRENTAR LA CRISIS CON OTRA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL.