No debemos pagar la crisis porque no la hemos generado
El pasado día 12 de mayo, el gobierno con el objeto de atajar el déficit público presentó un plan de ajuste donde las principales medidas a adoptar, entre otras, serían el recorte salarial de los empleados públicos en un 5% de media y la congelación de las pensiones.
Desde la UGT se considera que este tipo de medidas no ayudará a la recuperación económica, sino un retraso en la recuperación y un aumento del paro.
La elaboración del Decreto Ley se ha llevado con un oscurantismo sin precedentes en nuestra joven democracia.
La reunión mantenida por el gobierno con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF fue calificada por los mismos de “burla”, ya que en esta reunión de la Mesa General de la Función Pública no se dieron explicaciones sobre el recorte salarial a los empleados públicos.
El jueves día 20 el Gobierno aprobó el Decreto Ley que recoge el Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en quince mil millones de euros, y tras su aprobación las ministras de la Vega y Salgado en rueda de prensa con sus imprecisas explicaciones han hecho que a la fecha de hoy, 24 de mayo, no sepamos con certeza cómo afectará el recorte salarial en nuestras nóminas, con lo que junto al secretismo en la información, hacen que se barajen distintas fórmulas a aplicar en las retribuciones para alcanzar el fin pretendido por el Gobierno.
Con estas medidas, el Gobierno quiebra 6 años de Diálogo Social en las Administraciones Públicas.
Las mejoras de las Condiciones de Trabajo que los empleados públicos hemos conseguido después de largos años de negociación, se sitúan con el recorte salarial en el poder adquisitivo del año 2004, y para ello sólo ha bastado un solo momento de imposición unilateral.
Intentaremos recurrir el recorte ante la Justicia, ya que rompe el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado para el trienio 2010-2012 con el Gobierno, además de romper el consenso parlamentario del Pacto de Toledo, que había servido de base para la aplicación de medidas en el sistema de pensiones desde hace quince años.
Desde la UGT se considera que este tipo de medidas no ayudará a la recuperación económica, sino un retraso en la recuperación y un aumento del paro.
La elaboración del Decreto Ley se ha llevado con un oscurantismo sin precedentes en nuestra joven democracia.
La reunión mantenida por el gobierno con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF fue calificada por los mismos de “burla”, ya que en esta reunión de la Mesa General de la Función Pública no se dieron explicaciones sobre el recorte salarial a los empleados públicos.
El jueves día 20 el Gobierno aprobó el Decreto Ley que recoge el Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en quince mil millones de euros, y tras su aprobación las ministras de la Vega y Salgado en rueda de prensa con sus imprecisas explicaciones han hecho que a la fecha de hoy, 24 de mayo, no sepamos con certeza cómo afectará el recorte salarial en nuestras nóminas, con lo que junto al secretismo en la información, hacen que se barajen distintas fórmulas a aplicar en las retribuciones para alcanzar el fin pretendido por el Gobierno.
Con estas medidas, el Gobierno quiebra 6 años de Diálogo Social en las Administraciones Públicas.
Las mejoras de las Condiciones de Trabajo que los empleados públicos hemos conseguido después de largos años de negociación, se sitúan con el recorte salarial en el poder adquisitivo del año 2004, y para ello sólo ha bastado un solo momento de imposición unilateral.
Intentaremos recurrir el recorte ante la Justicia, ya que rompe el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado para el trienio 2010-2012 con el Gobierno, además de romper el consenso parlamentario del Pacto de Toledo, que había servido de base para la aplicación de medidas en el sistema de pensiones desde hace quince años.
El Boletín Oficial del Estado núm 126, de 24 de mayo publica el Real Decreto y de su lectura se desprende que con el recorte salarial planteado, los empleados públicos pueden perder en dos años un 10% de media en su poder adquisitivo, pues a la rebaja que finalmente se aplique hay que sumar la inflación de este año y la del próximo.
El día 20, seiscientos delegados de UGT, CCOO y CSIF nos concentramos en Cádiz en contra de las medidas de Zapatero.
Las movilizaciones que se han llevado a cabo y las venideras son inevitables, y tendrán su momento más álgido, que no definitivo, en la Huelga General de Empleados Públicos el próximo 8 de junio.
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