UGT plantea situar la política fiscal como eje para superar la crisis, frente a los recortes sociales del Gobierno

El Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, supone un giro radical en la política económica del Gobierno, van a entorpecer la recuperación económica- tal y como reconoció la propia ministra de Economía, Elena Salgado- y propiciarán un aumento del paro. UGT considera que es erróneo anteponer la lucha contra el déficit al crecimiento económico, y considera que los países europeos deberían adaptar el Plan de Estabilidad y Crecimiento, de común acuerdo, para ajustarse a las situaciones de crisis. Asimismo, el sindicato plantea otras alternativas al recorte del gasto público, y es actuar por la vía de los ingresos, conforme a criterios de equidad y progresividad. En este sentido, aboga por la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IRPF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal, entre otros.

UGT califica el Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público, aprobadas ayer en el Consejo de Ministros; como injustas, contraproducentes y claramente ineficaces. Injustas porque recaen sobre las rentas de los trabajadores, los pensionistas y las personas dependientes; contraproducentes porque no solucionarán los problemas que tenemos. Es más se ralentizará el crecimiento económico (el Gobierno ya admite que creceremos medio punto menos de lo estimado) y se agravará el paro; e ineficaces porque estos recortes no van a satisfacer a los mercados, que no cesarán en su petición de nuevos recortes.

El sindicato considera que las soluciones a la crisis de la economía y el empleo no deben tener como objetivo único y prioritario la reducción del déficit y el cumplimiento del Plan de Estabilidad y Crecimiento, sino la recuperación del crecimiento económico. Y además, no deben llevarse a cabo a través de actuaciones aisladas y ajustes sociales por parte de cada Estado, actuaciones que están erosionando el proyecto europeo, especialmente la Europa social. En este sentido, la obsesión por combatir el déficit, en defensa de la moneda común, no está sirviendo para frenar la estrategia especulativa de los mercados y ese esfuerzo está perjudicando, además, a muchos Estados miembros, como España. Por eso, UGT planteará una acción sindical, a nivel europeo, para defender una estrategia común contra los duros ajustes que se están planteando en varios países, entre ellos el nuestro.

En este sentido, UGT estima que hay otras alternativas a los recortes sociales planteados por el Gobierno español para reducir el déficit. Alternativas que pasan por el aumento de los ingresos. Por eso, propone, entre otras medidas, recuperar el Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IRPF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal.

La reducción de las retribuciones a los empleados públicos, por la vía del decreto ley, supone una flagrante vulneración de los compromisos alcanzados en el Acuerdo de la Función Pública, de septiembre de 2009, firmado en un momento en el que ya se conocía la grave situación de crisis económica que atravesaba nuestro país. Esta agresión, sin precedentes, justifica la convocatoria del paro general de empleados públicos para el próximo 8 de junio.

Tampoco nunca, en la Democracia española, se ha producido una congelación de las pensiones contributivas. Al plantear esta medida, que afectará a más de 6 millones de pensionistas, unida a la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, el Gobierno burla el consenso político- alcanzado hace 15 años gracias al Pacto de Toledo- y el consenso social, a través del diálogo social.

Por otro lado, eliminar la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia, es incumplir el acuerdo adoptado en enero por el Consejo Territorial, supone una merma de derechos para las personas dependientes y alivia económicamente a las Comunidades Autónomas que menos han apostado por esta ley. Asimismo, el Gobierno ha roto su compromiso con los interlocutores sociales de desarrollar a través del diálogo social todas aquellas materias contenidas en la norma.

Por último, UGT considera perjudicial para el crecimiento y el empleo, la reducción de 6.045 millones de euros, entre 2010 y 2011, en la inversión pública estatal, puesto que ante una crisis de demanda caracterizada por la fuerte caída de la inversión empresarial, qué incentivos tiene el sector privado para sustituir al público en las inversiones productivas.