UGT advierte al Gobierno que las protestas no cesarán ni después de 14N aunque intenten desarticularlas

 El Gobierno continúa con su campaña de acoso a los empleados públicos, no sólo con sus recortes feroces sobre derechos y salarios; también solicitando desde las altas instancias del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que "se extremen las medidas que garantizan el debido cumplimiento de la jornada establecida". Según publicó el diario El País, Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, envió a los departamentos de la Administración General del Estado una carta afirmando "que se hace necesario velar para que el servicio que se presta no resulte afectado".

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT niega que las protestas hayan mermado la calidad del servicio, ya que se producen en la pausa reglamentaria de media mañana o bien fuera de la jornada laboral. Desde el pasado mes de julio las concentraciones y los actos de protesta en las puertas de los centros de trabajo se han hecho de manera constante y contundente. El ejercicio del derecho a manifestarse es una de las vías democráticas que los empleados públicos han encontrado para mostrar su profundo rechazo a unos recortes salvajes sobre sus condiciones laborales: paga de Navidad suprimida, salarios congelados durante tres años consecutivos, pérdida del 20% del poder adquisitivo, aumento de la jornada laboral, penalización salarial en caso de baja por enfermedad. Teniendo en cuenta la guillotina que el Gobierno ha dejado caer sobre los empleados públicos, diríase que son ellos (el Gobierno) y no los trabajadores quienes deterioran los servicios públicos en lugar de dignificarlos como lo que son: un baluarte de igualdad en nuestro Estado Social cada vez más deteriorado.

Resulta ofensivo que el propio ministro del ramo y su secretario de Estado estén continuamente poniendo en tela de juicio al colectivo que representan, contribuyendo a su desprestigio con prejuicios tan burdos como el de "el cafelito" o presuponiendo que las concentraciones deterioran el trabajo que desempeñan. Es muy típico de este Gobierno poner trabas al ejercicio democrático de la ciudadanía. Recordemos que hace menos de un mes, la delegada del Gobierno Cristina Cifuentes hablaba de "modular" la ley, un eufemismo destinado a ocultar sus verdaderas intenciones: sofocar y perseguir las protestas en la calle, interponiendo para este propósito todo tipo de normas legales.

En este caso ya no son los salarios los que están en peligro, sino la democracia. La FSP-UGT advierte que lejos de cesar las protestas se harán con mayor fuerza. Los empleados públicos de este país no apoyan las decisiones de este Gobierno y así lo están manifestando.

La Huelga General del 14N volverá a demostrar a quienes hacen recaer los mayores sacrificios sobre los que menos tienen que la ciudadanía no está de acuerdo, que rechazan tanto sus medidas antisociales como las mordazas que le quieren imponer a la democracia.

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