El sindicato prevé que el Gobierno apruebe próximamente un Real Decreto con el Reglamento de Despido Colectivo. Este reglamento realiza las modificaciones pertinentes para permitir que se presenten Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en las Administraciones Públicas sin apenas trabas, liberalizando las causas y dando a las Administraciones la potestad para despedir casi sin justificar nada.
Parte del texto trata el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional 2ª de la reforma del mercado laboral. Este artículo daba a las Administraciones Públicas la posibilidad de llevar a cabo despidos colectivos del personal laboral con una serie de peculiaridades.
El cambio legislativo facilitará el despido en las Administraciones, por lo que el recorte de empleo –ocurrido mayoritariamente entre interinos cuyo puesto de trabajo era precario- se extenderá a otros colectivos con empleo estable, máxime con el recorte presupuestario que afecta a las CCAA. Además, la norma solventaría las dificultades de ciertos ayuntamientos que han recurrido a EREs, declarados nulos en los juzgados posteriormente.
Estos factores agravarán la mala situación de un sector que ya ha registrado una pérdida de afiliación a la seguridad social de 220.472 personas entre enero y septiembre.
El sindicato denuncia que, según establece el Reglamento, cuando la Administración de turno opta por aplicar un despido colectivo, su aprobación resulta prácticamente forzosa y, además, en los términos inicialmente planteados. Mientras en el sector privado permite un cierto margen para atenuar, mediante la negociación, las posibles consecuencias del despido, en el sector público se establece la presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido resulta inevitable tal cual.
Por tanto, la norma fija un procedimiento a seguir, pero para lograr un fin previamente determinado: el despido. Existe, según UGT, un ensañamiento del Gobierno con el personal laboral del Sector Público, al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo como los ERTE o la reducción de jornada.
En este sentido, UGT aclara que la intención última del Gobierno no es, en ningún caso, una mejor gestión en los servicios públicos, sino el recorte de empleo. Así se desprende del Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo mandó a Bruselas, donde se marcó como objetivos la reducción de la Administración Pública, la eliminación de empresas públicas y el despido de empleados públicos. Por tanto, concluye el sindicato, este Real Decreto es una herramienta de la que se dota para llevar a cabo su plan.
La FSP-UGT teme una rápida aprobación del texto, preparado desde agosto, ahora que no existen elecciones en el horizonte.
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