El
ministro Montoro ha comparecido por primera vez en toda la legislatura
para enunciar a los empleados públicos sus medidas para 2016: subida del
1%, tasa de reposición al 100% solo en servicios esenciales y otro 25%
de devolución de la extra suprimida en 2012 en septiembre de este año
(la devolución del 50% restante está condicionada a la “disponibilidad
financiera” de 2016). Devuelve también el tercer día de libre
disposición y los canosos.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha
calificado de “insuficiente” la subida salarial aprobada para 2016 para
el conjunto de los empleados públicos del país. El Gobierno ha
anunciado unas medidas que parecen más una “concesión” electoralista que
una retribución justa para un colectivo congelado y recortado durante
toda la legislatura. Lo ha hecho además como acostumbra: de manera
unilateral, sin propuesta previa y sin diálogo con las organizaciones
sindicales, legítimos representantes de los empleados públicos.
El
aumento salarial del 1% para el próximo año no cubre las expectativas
de UGT ni subsana de ninguna manera la pérdida de poder adquisitivo.
La
Oferta Pública de Empleo, aunque cubrirá las vacantes, está muy lejos
de remedar la sangría de los últimos cuatro años. El Gobierno del PP ha
destruido 400.000 empleos públicos, contribuyendo a hacer aún más
acuciante el problema del paro en nuestro país y el deterioro tanto de
la calidad del empleo como de los servicios prestados a la ciudadanía.
Las
medidas anunciadas hoy en la Mesa tienen como significado importante el
restablecimiento del diálogo social, ya que a lo largo de la
tramitación parlamentaria de los presupuestos para 2016 se negociarán
todos los asuntos concernientes a las relaciones laborales de las
empleadas y empleados públicos en materias como salario, empleo,
promoción, jornada y horarios.
Julio Lacuerda,
secretario general de FSP-UGT, ha asegurado que la reconciliación de
este Gobierno con los empleados públicos está condicionada a la apertura
real de la negociación y a la recuperación salarial, que no ha existido
hasta el momento. Lacuerda ha mostrado su preocupación por el personal
del sector público que se ha jubilado en los últimos dos años, que no
tienen solucionada la disminución de pensión que han sufrido. También ha
pedido al Gobierno que no condicione la devolución de la paga extra
íntegra y no arroje cortinas de humo sobre este punto.
En
UGT consideramos esta negociación un reto para tratar de conseguir lo
que llevamos exigiendo durante estos 4 años: la recuperación salarial,
devolución íntegra de la paga extra suprimida en 2012, aumento de la
Acción Social, la jornada de 35 horas para los trabajadores que ya la
tenían, las retribuciones en caso de incapacidad temporal y la
aportación a los planes de pensiones.
