Tres de cada cuatro ayuntamientos andaluces se encuentran en una situación económica que podríamos calificar de quiebra. Se trata de un escenario de colapso económico que acabará derivando, si antes no se le pone remedio, en una ofensiva de desempleo y de eliminación de los servicios públicos bien porque los privaticen, bien porque acaben incluso eliminándolos.
La situación de quiebra está más ligada al déficit de financiación de los ayuntamientos que a la propia crisis. Aquí nadie se ha acordado de que la financiación municipal era insuficiente hasta ahora. Durante muchos años los alcaldes y los gerentes de urbanismo se tiraron como locos a especular con el ladrillo y cuando han caído esos ingresos, los ayuntamientos se ven sepultados por su propia deuda.
UGT no será pasiva ni está dispuesta a asumir en ningún caso que las consecuencias de la crisis acaben siendo más despidos. Máxime cuando buena parte de lo que ha venido ocurriendo en los ayuntamientos durante los últimos años es consecuencia de actuaciones irresponsables, como tantos casos de corrupción de los que hemos ido tenido noticia durante toda la última década.
No estamos planteando la defensa de los privilegios de los funcionarios, pero sí que el empleo de los trabajadores públicos no corra peligro. Estos hombres y mujeres no deben ser en ningún caso quienes paguen con la pérdida de su puesto de trabajo la mala actuación de quienes gestionaron las instituciones para las que trabajan.
Vamos a estar muy atentos a que las vendettas políticas en clave electoral no acaben siendo una patada en la boca en el empleo de los funcionarios públicos.
Una veintena de organizaciones sociales en Andalucía tenemos previsto reunirnos este viernes para preparar un calendario de movilizaciones que pretenden precisamente salir al paso de la impunidad en la que se mueven los gestores privados y comienzan a animarse a hacerlo también los públicos. Con una fecha clave al coml comienzo del otoño: El 7 de Octubre, Día Mundial del Trabajo Decente.
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