Para Fontecha “un plan de carácter excepcional, como se planteó por parte del Gobierno, debería haber venido acompañado de un aumento de los recursos humanos y económicos que permiten el control de ese plan”. “España es el país de la Unión Europea con menos efectivos desde el punto de vista de la inspección de trabajo” ha explicado, “ya que tenemos menos inspectores en función de la población activa que cualquier país de la UE y además no cuentan con los medios necesarios”.
UGT ha criticado en varias ocasiones que se trata de un plan que va dirigido única y exclusivamente a una parte de la economía irregular, la que tiene que ver con la falta de alta en la seguridad social. Pero para el sindicato el trabajo no declarado significa mucho más: una vulneración de los derechos de los trabajadores, porque implica por ejemplo la pérdida de prestaciones, una menor retribución salarial o incumplimientos de convenio en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y además, en muchos casos, una vulneración de derechos fundamentales como seres humanos.
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