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viernes, 11 de noviembre de 2011

El autoengaño


En época de crisis hay que mantener los servicios públicos, hay que protegerlos. Son la seña de identidad del Estado del bienestar. Si la democracia es la mediadora entre el hombre y el exceso de poder político, el Estado del bienestar es el intermediario entre el hombre y la incertidumbre.

En España de nuevo oímos el discurso que relaciona público con derroche, con privilegio, con insolidaridad. Buscan el autoengaño. Los recortes a la enseñanza pública se justifican criticando a los profesores; las inversiones en infraestructuras se ridiculizan con el fracaso de un aeropuerto; la sanidad se considera un lujo por el excesivo número de veces que acudimos al médico. Los recortes que se anuncian tras un resultado electoral, que parece ya descontado, serán la purga necesaria por nuestros excesos. Ya nos lo avisó un celebrado arzobispo titular de archidiócesis: "La crisis económica mundial es consecuencia de errores humanos, por quebrantamiento de leyes morales, y no de fallos técnicos del sistema financiero". Quizás de ahí derive la conveniencia de una política económica de inspiración divina.

Pero, volviendo a los asuntos terrenales, la incapacidad que está demostrando el eje franco-alemán en la resolución de la crisis financiera, junto a la no comparecencia de las autoridades comunitarias, están provocando una gran incertidumbre en la principal seña de identidad de la UE: su modelo de cohesión social. ¿Para qué han servido las políticas de ajuste y la imposición de un recorte brutal del déficit público? Lamentablemente, la realidad vuelve a respaldar la certeza de las denuncias que venimos haciendo. Con nuevos ajustes y sin un plan de relanzamiento europeo, estamos abocando a la zona euro, y con ella a toda la UE, a una nueva recesión.

En España, los servicios públicos han tenido un importante avance en los últimos años. La Ley de Dependencia es un ejemplo de ello. Hoy, nuestra sociedad se enfrenta a un riesgo cierto de retroceso en la calidad y cantidad de sus servicios públicos. Por ello, cuando la calidad de nuestra democracia es cuestionada por aquellos que la soportan con dificultad, estamos convencidos que al defender lo público defendemos la democracia. Nuestros empleados públicos no son muchos, no trabajan poco, ni cobran demasiado y no son unos privilegiados. La inmensa mayoría gana entorno a mil euros y hay tasas de precariedad del 24%, que aumentan en sanidad y educación.

Nuestro sistema sanitario público es eficiente y barato. Nuestra enseñanza pública es garantía de convivencia e integración y se mantiene alejada de fanatismos e intolerancias. Nuestra red de transportes es una de las más modernas del mundo. Pero todo esto hay que pagarlo. Y no se paga con burbujas inmobiliarias ni autoengaños. Necesitamos debatir cómo se financian los servicios públicos. Consensuar una amplia reforma fiscal que afecte al conjunto de los impuestos, que debe ordenarse conforme a los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia y es esencial la armonización fiscal, para que el proyecto europeo no se degrade de manera definitiva.

Cándido Méndez. Secretario general de UGT






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