En época de crisis hay que mantener los servicios públicos, hay que
protegerlos. Son la seña de identidad del Estado del bienestar. Si la
democracia es la mediadora entre el hombre y el exceso de poder
político, el Estado del bienestar es el intermediario entre el hombre y
la incertidumbre.
En España de nuevo oímos el discurso que relaciona público con
derroche, con privilegio, con insolidaridad. Buscan el autoengaño. Los
recortes a la enseñanza pública se justifican criticando a los
profesores; las inversiones en infraestructuras se ridiculizan con el
fracaso de un aeropuerto; la sanidad se considera un lujo por el
excesivo número de veces que acudimos al médico. Los recortes que se
anuncian tras un resultado electoral, que parece ya descontado, serán la
purga necesaria por nuestros excesos. Ya nos lo avisó un celebrado
arzobispo titular de archidiócesis: "La crisis económica mundial es
consecuencia de errores humanos, por quebrantamiento de leyes morales, y
no de fallos técnicos del sistema financiero". Quizás de ahí derive la
conveniencia de una política económica de inspiración divina.
Pero, volviendo a los asuntos terrenales, la incapacidad que está
demostrando el eje franco-alemán en la resolución de la crisis
financiera, junto a la no comparecencia de las autoridades comunitarias,
están provocando una gran incertidumbre en la principal seña de
identidad de la UE: su modelo de cohesión social. ¿Para qué han servido
las políticas de ajuste y la imposición de un recorte brutal del déficit
público? Lamentablemente, la realidad vuelve a respaldar la certeza de
las denuncias que venimos haciendo. Con nuevos ajustes y sin un plan de
relanzamiento europeo, estamos abocando a la zona euro, y con ella a
toda la UE, a una nueva recesión.
En España, los servicios públicos han tenido un importante avance en
los últimos años. La Ley de Dependencia es un ejemplo de ello. Hoy,
nuestra sociedad se enfrenta a un riesgo cierto de retroceso en la
calidad y cantidad de sus servicios públicos. Por ello, cuando la
calidad de nuestra democracia es cuestionada por aquellos que la
soportan con dificultad, estamos convencidos que al defender lo público
defendemos la democracia. Nuestros empleados públicos no son muchos, no
trabajan poco, ni cobran demasiado y no son unos privilegiados. La
inmensa mayoría gana entorno a mil euros y hay tasas de precariedad del
24%, que aumentan en sanidad y educación.
Nuestro sistema sanitario público es eficiente y barato. Nuestra
enseñanza pública es garantía de convivencia e integración y se mantiene
alejada de fanatismos e intolerancias. Nuestra red de transportes es
una de las más modernas del mundo. Pero todo esto hay que pagarlo. Y no
se paga con burbujas inmobiliarias ni autoengaños. Necesitamos debatir
cómo se financian los servicios públicos. Consensuar una amplia reforma
fiscal que afecte al conjunto de los impuestos, que debe ordenarse
conforme a los principios de eficiencia, progresividad y suficiencia y
es esencial la armonización fiscal, para que el proyecto europeo no se
degrade de manera definitiva.
Cándido Méndez. Secretario general de UGT
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