Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la
crisis económica.
Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen
de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al
horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas
selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de
la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se
le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis.
La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de
manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia
supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se
critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad
laboral es comprensible; pero esta
permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la
Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía
que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece
constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al
mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza
«en propiedad» responde a la idea de que al
funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en
los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno.
Los que más contribuyen al desprecio
de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al
poder. Están tan
acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones
personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se
encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como
burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes
de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del
funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el
gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta
estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido,
cada vez en mayor número, los cargos de
confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales;
también se ha provocado una hipertrofia de
cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos
un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que
luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto
cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la
intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de
funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus
perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí
mismo una corrupción, tiene mucho que
ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los
controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los
colores políticos,
pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función
pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario,
docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es
comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se
quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general
para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o
privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte
económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad.
Pretender que trabaje media hora más al día
no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre
disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante
la pérdida de poder adquisitivo- no
alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una
persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el
trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se
le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen
como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a
los paganos. En contraste, los políticos en el
poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples
emolumentos y prebendas, que en la
mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa
privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no
hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos
hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente,
ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
No soy funcionario. Como cualquier ciudadano he visto a lo largo de mi vida en oficinas de organismos públicos situaciones indignantes debidas al desinterés o la desidia de algunos de sus empleados. Y como cualquier otro ciudadano he hablado mal de ellos infinidad de veces, aún siendo consciente de lo que nos encanta cebarnos con un colectivo contra el que hemos alcanzado un inusitado consenso generalizado de rechazo.
ResponderEliminarPero achacar por sistema a los funcionarios los males sociales es pueril y maldecirlos a las primeras de cambio no me parece justo. A fin de cuentas tirando de tópicos profesionales es muy fácil hacer sangre
No olvidemos que aumentar los recortes al funcionariado conlleva automáticamente un tipo de recorte de atención y servicios para la sociedad y eso en algún lado lo notaremos. Al mismo tiempo tened por seguro que “alguien” ya está pensando en privatizar ese servicio.
ResponderEliminarPara un Estado de derecho es fundamental que la Administración sea independiente del gobierno de turno, algo que a estos políticos que tenemos no interesa. Prefieren los nombramientos de gente de confianza, “asesores” y paniaguados con los que intercambiar lealtades y tratos de favor bordeando la legalidad y manejando siempre cifras económicas sin pudor, sin trabas.
Esto vá de mál en peor, estos adinerados dirigentes, de han quitado la careta y yá actuan y se les ven tál como son unos zaristas de tomo y lomo, esto tiene que estallar por cualquier sitio y si no tiempo al tiempo.
ResponderEliminarAunque los medios de comunicacíon afines a este "partido", traten de enmucecer a todo un pueblo, de sabe que existe una autentica guerra entre la mineria y los esbirros del poder, esto puede dar lugar a que se extienda a toda España y los unicos culpables de lo que se lie, sera, Rajoy y su equipo, que estan machacando a el pueblo.
Ojalá todo el dinero que gane el cara bobo este, se lo tenga que gastar en medecinas, por el daño que nos está haciendo, con nosotros y con nuestras familias.
ResponderEliminarY yo te voy a votar ati??? Y UN MOJÓN !!!!.
¡Vamos a ver ! si para cura a los enfermos se empleara la "MEDECINA", entonces, los que las recetan los llamariamos "MEDECOS".
ResponderEliminar"Jesús lo dijo, correjir al que yerra"
SUPER E.R.E, para todos LOS POLITICOS YA !!!!
ResponderEliminarA VER SI ESTALLA ESTO YÁ DE UNA PUÑETERA VEZ!!!!
Los unicos que sobran son los inutiles de los politicos.
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