UGT y CCOO consideran
que la aprobación definitiva de la Ley de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral en el Congreso supone la mayor agresión al Derecho del
Trabajo producida desde su nacimiento y la consumación de la involución de los
derechos laborales impuesta por el Gobierno del PP. Ambos sindicatos
continuarán expresando su rechazo ante una reforma que genera más paro, que
suprime derechos y que supone la ruptura del equilibrio en las relaciones
laborales. Además, CCOO y UGT se volverán a dirigir a la Defensora del Pueblo
para solicitarle un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley aprobada,
reiterarán sus quejas ante la OIT y recurrirán ante el Tribunal Supremo el
desarrollo reglamentario de los preceptos de la nueva Ley, por entender que
incurren en inconstitucionalidad.
El pasado jueves se culminó la mayor agresión al Derecho del Trabajo producida desde su
nacimiento.
La tramitación parlamentaria
de la Ley proveniente de la convalidación del RDL 3/2012, ha finalizado con
la aprobación en el Congreso de la nueva ley de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, reforzando la gravísima agresión provocada por el
citado RDL en los derechos laborales de los trabajadores, no sólo en los de
carácter individual sino principalmente en los colectivos, que, desde el
nacimiento del Derecho laboral, han actuado como elemento corrector de los
desequilibrios entre empresario y trabajador, constituyendo los instrumentos
básicos para la consecución de la igualdad real entre las partes del contrato.
En efecto, las modificaciones
introducidas en el RDL en su tramitación parlamentaria no han paliado en modo
alguno las consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos de
los trabajadores provocados por el mismo, en tanto que se mantienen y acentúan
las medidas introducidas, incrementando, de manera desorbitada, el poder
empresarial y desequilibrando, aún más, la posición de las partes en el
contrato.
Las modificaciones parlamentarias
en la regulación de los distintos supuestos de extinción del contrato de
trabajo, de escaso alcance, han mantenido su esencia las introducidas por el
RDL. En consecuencia, se consolida la pérdida de garantías que tenían los
trabajadores frente a las acciones extintivas empresariales y la estabilidad en
el empleo y que eran garantía de la base del derecho constitucional al trabajo.
En relación con la nueva
figura del contrato de apoyo a emprendedores, la limitación a su utilización
hasta que se alcance el 15% de la tasa de desempleo, en modo alguno, soluciona
sus problemas de inconstitucionalidad al introducir el despido libre sin
compensación económica.
Los cambios operados en la
regulación de los convenios colectivos han supuesto un nuevo golpe de gracia al
papel que los mismos tienen como regulador y ordenador de las condiciones de
trabajo. La limitación de la ultraactividad a un año pone en bandeja, a las
empresas y a sus representantes, la posibilidad de bloquear los procesos de
renovación, agotando el plazo y dejando caer los convenios colectivos. La
preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa sea cual sea el
momento de su negociación y el estado de vigencia del convenio sectorial
dificultan, aún más, la capacidad para ordenar la vertebración y ordenación de
la negociación colectiva.
Por otra parte, en la
tramitación en el Senado se ha incorporado una nueva Disposición en materia de
Seguridad Social que supone una vuelta atrás en el cálculo de la integración de
las lagunas de cotización a la hora de calcular las pensiones y un claro
perjuicio para los futuros pensionistas.
La finalización de la
tramitación parlamentaria del RD Ley 3/2012 como ley, supone la consumación de
la involución de los derechos laborales impuesta por el Gobierno del PP. Las
organizaciones sindicales UGT y CCOO, vamos a continuar expresando nuestro
rechazo a esta reforma laboral que genera más paro, que suprime derechos y que
supone la ruptura del equilibrio en las relaciones laborales, y acentúa el
desequilibrio de la relaciones laborales a favor de la parte más débil del
contrato.
En este sentido volveremos a
dirigirnos de inmediato a la Defensora del Pueblo para solicitarle la promoción
de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley aprobada definitivamente en
el día de hoy, en base a su compromiso de analizar la argumentación del escrito
que ambos sindicatos preparamos contra la regulación de la reforma laboral.
Asimismo, tenemos previsto,
entre otras acciones, reiterar las quejas planteadas ante la Organización
Internacional del Trabajo y recurrir ante el Tribunal Supremo el desarrollo
reglamentario de los preceptos de la nueva Ley, que entendemos incurren en
inconstitucionalidad.
No cabe duda de que estamos
ante un escenario desfavorable para el conjunto de la clase trabajadora por lo
que las organizaciones sindicales nos vemos obligadas a redefinir y orientar
nuestras actuaciones a fin de seguir defendiendo y protegiendo los derechos de
los trabajadores frente al cada vez mayor poder de los empresarios.
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