La protesta de los funcionarios del martes servirá de termómetro para la convocatoria de un paro en toda España. Las organizaciones estudian si hacerla a final de junio o esperar a julio.
Los sindicatos ya calientan motores para la que será, pasado mañana, la primera huelga del sector público en todo el país en 14 años. Un ejercicio de protesta y reivindicación cuyo mayor o menor éxito tendrá una significación más amplia de lo esperado inicialmente. El fracaso de las negociaciones del Diálogo Social para consensuar una reforma del mercado de trabajo y la decisión del Gobierno de aprobarla por decreto el próximo 16 de junio, con o sin acuerdo, han dado otro cariz a la propuesta: el de gran ensayo para una huelga general.
En la última reunión entre los agentes sociales y el Gobierno, el pasado miércoles, apenas se constataron avances. Fuentes sindicales aseguraron que hay malestar entre los sindicatos. No sólo porque percibieron que el Gobierno tiene ya prácticamente decidida su reforma, sino porque detectaron una estrategia del Ejecutivo de intentar que la huelga de funcionarios no cuaje. Si esto sucediera, explican las mismas fuentes, el Gobierno se sentiría más fuerte de cara a la más que probable huelga general, mientras que CCOO y UGT tendrían que pensárselo dos veces antes de convocarla.
No obstante, la huelga "parece ya inevitable", como dijo el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, el pasado viernes. Además, no todas las voces están de acuerdo en que el paro del martes será un termómetro fiable de cara a una posible convocatoria general.
El experto en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Luis Collado asegura que se trata de protestas con planteamientos diferentes: "Puede suceder que una huelga de funcionarios tenga un seguimiento mediano y a continuación una general se siga ampliamente, como ha sucedido otras veces".
Esta vez, el calendario ha jugado una mala pasada. El plazo legal mínimo para comunicar a patronal y Gobierno la convocatoria de una huelga general es de diez días. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha anunciado que el real decreto que fijará la reforma laboral se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario del 16 de junio, la fecha más temprana para una huelga sería el 27 de junio.
Sin embargo, los sindicatos suelen presentar el aviso con más antelación. "No es un problema de plazos legales sino de estrategia sindical. Organizar una huelga de ese calibre es complejo y requiere de múltiples asambleas", explica Collado. Por tanto, si CCOO y UGT quisieran disponer de tiempo para elaborar su estrategia, la fecha de la huelga podría desplazarse hasta principios de julio, en plenas vacaciones, cuando sectores como la enseñanza (uno de los que más influyentes) ya no tienen actividad.
En los sindicatos saben que la huelga de funcionarios es el gran ensayo en el que los sindicatos se juegan su credibilidad y poder para convocar una huelga general con las mínimas garantías de éxito. En UGT son optimistas. Fuentes del sindicato aseguraron que la reforma laboral anunciada por el Gobierno ha caldeado los ánimos entre los funcionarios y ha aumentado la predisposición a movilizarse contra ese recorte de derechos sociales. El problema es que ir a la huelga cuesta dinero y dos convocatorias en un mismo mes supone un recorte salarial que no todo el mundo se puede permitir.
¡que pasa, estais peleados con el idioma de Chakespeare.¡
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